Empar Pineda - La ley Gallardón de aborto

Empar Pineda
La ley Gallardón de aborto
(Página Abierta, 300, enero-febrero de 2014).

Después de llevar más de un año anunciándolo, por fin el 20 de diciembre el ministro Gallardón llevó al Consejo de Ministros, que la aprobó, su tan cacareada propuesta de ley de aborto. El título elegido es en sí mismo toda una declaración de intenciones: Ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada.

La polvareda levantada desde entonces en contra de dicho proyecto de ley ha sido enorme. Asociaciones, plataformas y demás espacios feministas manifestaron inmediatamente su rechazo, catalogándolo como una vuelta al pasado y un atentado a la libertad y la autonomía de las mujeres, consideradas como eternas menores de edad necesitadas siempre de tutela. Este rechazo ha sido tan generalizado que partidos, sindicatos y todo tipo de organizaciones sociales expresaron su total repudio al texto.

Los motivos de un rechazo tan general han sido bastante unánimes: no hay una demanda social que justifique modificar la legalidad vigente; la propuesta es una vuelta tan atrás que nos devuelve al pasado negador del derecho de las mujeres; vuelve la inseguridad jurídica para los profesionales que realicen los abortos legales amenazados con la cárcel y la inhabilitación profesional, etc. Pero con lo que no contaba el Gobierno era con que la protesta se diera también en sus propias filas. Además de Cifuentes, la delegada del Gobierno en Madrid, o la diputada Celia Villalobos, barones de distintos puestos institucionales, como Ayuntamientos, etc., manifestaron públicamente su desacuerdo por distintos motivos. La traca final vino de la mano de los presidentes de las comunidades autónomas de Galicia, Extremadura y Castilla-León (*), quienes tampoco tuvieron reparo en hacerlo públicamente.

Las declaraciones que venía haciendo el titular de Justicia desde hacía más de un año fueron avanzando las posiciones no sólo suyas, sino de Rajoy (por más que ahora quiera imputarle a Gallardón la total responsabilidad del proyecto de ley), también de los sectores más a la derecha del propio PP, de la Conferencia Episcopal con Rouco a la cabeza y ¡cómo no! de las mal llamadas asociaciones provida. Dichas declaraciones fueron dibujando el contenido de su ley: se volvía a la consideración del aborto como un delito que quedaría despenalizado en algunos casos o supuestos, entre los que no estaría la malformación fetal para poder abortar. Esto último cayó como un jarro de agua  helada a la mayoría social y especialmente a las mujeres, que se imaginan lo que significa llevar adelante un embarazo de un feto malformado.

Una vez conocido el texto aprobado en el Consejo de Ministros del 20 de diciembre, al rechazo señalado más arriba se añadieron el de una serie de comunicados de diversas asociaciones científicas relacionadas con estas cuestiones. Así, la de especialistas en diagnóstico prenatal o la del Grupo de Género de la sección de Derechos Humanos de la Asociación Española del Neuropsiquiatría (AEN), entre otras.

Las posiciones del Gobierno dadas a conocer primero por las declaraciones del ministro Gallardón y más recientemente por el proyecto de ley reflejan las ideas más retrógradas hacia las mujeres. Como en el nacional-catolicismo del franquismo, se impone a toda la ciudadanía una moral religiosa concreta, la de la Iglesia católica. Así, en nuestra sociedad, la vida de las mujeres tiene como finalidad la de ser madres. Además se las considera incapaces de tomar decisiones por sí mismas, estando siempre necesitadas de protección, de tutela, de ayuda, etc., para poder decidir sobre su maternidad. Se les roba así, descaradamente, algo tan elemental como el derecho a decidir sobre un asunto en el que ellas tienen la palabra fundamental, esencial. En la ley Gallardón la autonomía de las mujeres desaparece borrada de un plumazo, quedando éstas al albur de lo que otros decidan por ellas.

El falso consenso en torno a la ley de 1985

Estos días, a los populares se les llena la boca pregonando que la ley Aído rompió el consenso alcanzado con la despenalización parcial propuesta por el Gobierno de Felipe González y aprobada en 1983. O padecen una amnesia total sobre este asunto o piensan que somos tontos y que nos pueden engañar haciéndonos creer lo que no ocurrió. Vamos, que de consenso nada.

Refresquemos un poco la memoria: nada más aprobarse en el Parlamento en 1983 la susodicha despenalización parcial, Alianza Popular, matriz del Partido Popular, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En aquella época la presentación de este tipo de recursos llevaba aparejada la suspensión de la aplicación de esa ley hasta que no se conociera el pronunciamiento del tribunal. Este se pronunció en 1985 y declaró constitucional la ley, con algunas correcciones. ¿Dónde queda el tan cacareado consenso, señores del Partido Popular? Una gran mentira de nuevo a las que ya nos tiene acostumbrados el PP. En cualquiera de los casos, para lo que le están sirviendo estas falsedades es para justificar su vuelta atrás, para negar el aborto como un derecho de las mujeres y para seguir considerándolo un delito como en el 85, reduciendo, además, los supuestos a dos.

¿Cuándo y cómo se podrá abortar?

Lo que pretende el Gobierno es poner todo tipo de trabas y dificultades, mucho mayores que en aquella despenalizacion de 1985. Las mujeres sólo podrán abortar en dos casos: por violación y cuando peligre su vida o su salud. En el primer supuesto la violación tendrá que ser previamente denunciada y podrán abortar hasta las 12 semanas. Cuando peligre su vida tendrán que ser dos médicos los que lo confirmen, y si se trata de su salud, tanto física como psíquica, igualmente dos especialistas tendrán que certificarlo. En concreto, para acogerse a la salud psíquica, los dos psiquiatras tendrán que diagnosticar una enfermedad mental en el momento y que sea duradera (algo que ningún profesional de la psiquiatría que se precie puede certificar). Las mujeres que aborten por este supuesto serán consideradas enfermas mentales por largo tiempo, algo que puede volverse en su contra, por ejemplo, en caso de divorcio, para que se les asigne la custodia de los hijos.

El mecanismo que establece el proyecto de ley es tan complicado que se alargarán las semanas hasta que se pueda abortar e incluso se puede llegar a sobrepasar los límites marcados. En primer lugar, una mujer que quiera abortar tiene que recibir información en un centro público (podría ser en su centro de salud o en los servicios sociales y que fuera la trabajadora social quien le informe). Otra cosa es que puedan, por lo debilitados que están esos servicios con los recortes gubernamentales. Una vez informada, deberá recibir un asesoramiento personal, individualizado y verbal en un centro (que podrá ser público o privado). En estos primeros pasos le comunicarán tanto las repercusiones que podrá tener la realización del aborto para futuros embarazos, así como las ayudas de todo tipo con las que contará si lleva adelante éste y se le informará de que «el no nacido es un bien jurídico protegido por la Constitución». Cumplidos los requisitos de recibir la información y el asesoramiento personalizado y verbal, la mujer deberá esperar ¡siete días! en los que reflexionará sobre todo ello.

Si persiste en su decisión de interrumpir su embarazo, los siguientes pasos son: si se acoge al supuesto de violación, tendrá que denunciarlo ante un juzgado y dirigirse después a una clínica privada. En el caso de peligro para su vida necesitará dos certificados médicos que lo acrediten. Ninguno de estos médicos deberá estar trabajando en la clínica en la que se le va a practicar el aborto. Y,  finalmente, si la embarazada se acoge al supuesto de salud física o psíquica, igualmente deberán ser dos facultativos de la especialidad correspondiente quienes extiendan los certificados acreditativos de la enfermedad que padece. Como en el caso anterior, ninguno de ellos podrá estar trabajando en la clínica en la que la mujer haya elegido para abortar.

Por si fuera poco todo lo anterior, el anteproyecto de ley le plantea a la embarazada que quiera abortar una nueva dificultad: las clínicas autorizadas para realizar abortos no podrán hacer publicidad de los servicios que ofrecen. ¡Y como la sanidad pública seguirá sin hacer abortos (a pesar de que la prestación se mantiene en su cartera de servicios) la búsqueda de las clínicas no será tan fácil como ahora!

Otro asunto de interés es ¿cómo se resolverá la ubicación y la entidad que se encargue del asesoramiento exigido? Ante la saturación de los escasos recursos públicos, Gallardón ya ha adelantado que se podrán tener en cuenta para estos asuntos acolaboradores del sistema público. No hace falta ser muy perspicaz para imaginarse a las asociaciones antiabortistas, también llamadas antielección, colaborando con el sistema público...
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El futuro del anteproyecto de ley

El ministro de Justicia, en su afán de seguir dando carnaza  a sus amigos ultramontanos, no deja de insistir en que el actual anteproyecto prácticamente será semejante al que lleven al Congreso de los Diputados. Aunque con la repulsa social que ha despertado, las críticas que le llegan desde su propio partido, desde las sociedades científicas, de personalidades de la vida pública y social, de las movilizaciones que se anuncian, como la del día 1 de febrero, con la llegada a Madrid de los trenes de la libertadllenos de mujeres de todo el país para hacer entrega en el Congreso de los Diputados de su repudio de la ley que nos quieren imponer, de las movilizaciones que han tenido lugar en París y Toulouse, de las iniciativas parlamentarias de la oposición en nuestro país... –y las movilizaciones no han hecho más que empezar–, con todo ello, ¿seguirá el Gobierno enrocado o suavizará un poco “su ley”?

Aún quedan meses por delante antes de que el proyecto llegue al Congreso de los Diputados. Después de los preceptivos informes del Consejo de Estado y del Poder Jucidial, volverá al Consejo de Ministros, el cual lo enviará al Parlamento para seguir el camino de las demás leyes. ¡Ojalá que nunca nazca esta non nata ley de aborto!

(*)Como es el caso de la alcaldesa de Zamora y vicesecretaria de Acción Política del PP de Castilla y León, Rosa Valdeón, quien explica sus discrepancias con la reforma de la ley de aborto en una interesante entrevista publicada por F. Ramos en El Mundo-Diario de Valladolid el pasado 27 de diciembre (N. de la R.).

Catalunya. Borja de Riquer

Algunas preguntas a los demócratas españoles sobre Catalunya

Borja de Riquer · · · · ·

23/02/14

A esta compleja problemática uno puede acercarse con reflexiones históricas, pero prefiero, en primer lugar, presentar algunas constataciones y posteriormente plantear una serie de preguntas. 1. Breves constataciones sobre la realidad catalana - Hay que tener en cuenta la evolución de la opinión de los catalanes sobre su identidad. En tan sólo 15 años, los catalanes que se afirman sólo o mayoritariamente españoles han pasado de ser el 15 % a menos del 6 %; los que manifiestan tener una identidad compartida han pasado del 45 % al 38 %; y los que se sienten sólo y mayoritariamente catalanes han subido del 40 % a más del 55 % (datos de la encuesta de octubre de 2013).  - Debe recordarse que casi dos tercios del Parlament de Catalunya (87 diputados sobre 135) ha votado recientemente (16-I-2014) a favor de solicitar al gobierno español poder hacer una consulta a los ciudadanos de Catalunya sobre su futuro político.  - Y además debe tenerse presente que más de 1.000 asociaciones y entidades cívicas, profesionales, culturales, sindicales, deportivas, etc. de Catalunya han suscrito el “Pacte Nacional pel dret a decidir” redactado por Joan Rigol. 2. Causas principales de estas actitudes y demandas: Hay en Catalunya un sentimiento muy mayoritario de que sistema político fijado por la Constitución de 1978 está agotado. La sentencia del Tribunal Constitucional que en 2010 rechazó buena parte del Estatut aprobado por el Parlament en 2006, refrendado por los ciudadanos de Catalunya y votado por las Cortes Españolas, ha sido interpretada como una muestra clara de que se está en un callejón sin salida. Además, las posteriores medidas centralizadoras y anti-catalanas del gobierno Rajoy han contribuido a reforzar y a legitimar las demandas soberanistas.  3. Los nuevos protagonistas sociales El movimiento a favor del “derecho a decidir” no está ni dirigido por “la burguesía catalana”, como afirman muchos medios de comunicación españoles. Al contrario, buena parte de la alta burguesía está claramente en contra. Tampoco es un montaje de las “élites políticas e intelectuales” catalanistas: ¡que más quisieran éstas!  El movimiento por “el derecho a decidir” es relativamente nuevo y ha cogido a traspiés a gran parte de los partidos, incluso a los más independentistas como ERC. Socialmente se trata de un amplio movimiento integrado mayoritariamente por gente de las nuevas clases medias urbanas y rurales, con la presencia de sectores populares de la Catalunya interior, sobre todo en localidades pequeñas y medias. Ciertamente tiene una menor incidencia en la periferia barcelonesa, no así en la ciudad de Barcelona, donde está bien presente. Se trata, en su mayoría, de gente relativamente joven –menor de 50 años-, relativamente cualificada, culta y ajena a la militancia política, aunque parte de ella está presente en movimientos sociales. Es decir, no son gente que anteriormente era pasiva y apolítica, si no muchos han estado y están comprometidos socialmente. Prueba clara de ello es el apoyo de todos los sindicatos de Cataluña –incluida la UGT- al movimiento, así como de la mayoría de los partidos de izquierda, a excepción de la dirección burocrática del PSC. 4. Preguntas a formular a los demócratas españoles ¿Si la mayoría de los catalanes se sienten incómodos en el actual marco constitucional, como así se desprende de las encuestas y de las votaciones del Parlament, qué camino democrático deben adoptar si el gobierno español se niega a negociar?  ¿Si hay una flagrante contradicción entre la legalidad constitucional y la legitimidad democrática que solicita el derecho a decidir, qué camino político deben emprender los demócratas catalanes?  ¿Puede un demócrata negar estas evidencias y ratificarse en el argumento de que la legalidad constitucional no permite que los catalanes puedan votar su futuro político?  ¿Es ésta la única respuesta política de los demócratas españoles a la cuestión planteada por esta demanda catalana?  ¿Están de acuerdo con el artículo 2 de la actual constitución que proclama “la indisoluble unidad de la nación Española...patria común e indivisible de todos los españoles”?  ¿Consideran que España, como comunidad imaginada, es la única nación de los españoles, y que tal creencia debe imponerse por ley a la colectividad al margen de la voluntad de una parte de los ciudadanos? ¿Si la mayoría de los ciudadanos de un territorio, por ejemplo Catalunya, considera que tiene una identidad nacional diferente de la española, tiene derecho a que así se le reconozca? Me gustaría que se me respondiera con total sinceridad. Borja de Riquer i Permanyer es catedrático de Historia Contemporánea en la Universitat Autònoma de Barcelona. Público, 20 de febrero de 2014

CATALUNYA - JAVIER CERCAS

La razón sin razones (1)

Los nacionalistas han decidido que la única forma de llegar a la secesión consiste en engañar con trapacerías

JAVIER CERCAS 2 FEB 2014 El País

Un idiota es quien cree que todos los nacionalistas catalanes son idiotas; la proliferación de esa clase de idiotez es una de las razones por las que en Cataluña estamos donde estamos. Pero no la única: casi nada se explica por una sola razón. Es verdad que el auge independentista es fruto de 30 años de nacionalismo orientado no sólo alnation building –construcción de una nación–, sino al State building –construcción de un Estado–, y que, en vez de pedir la secesión con claridad y limpieza como hacen en Quebec, los nacionalistas han decidido que la única forma de llegar a ella consiste en engañar con trapacerías como el derecho a decidir y, agitando la bandera de la democracia, en intentar saltarse la ley, que es la principal garantía de la democracia, en vez de intentar cambiarla.

Es verdad que la situación es fruto de una justificadísima sensación general de maltrato, que no se atribuye a varias razones, sino a una sola, llamada España, cosa que a los catalanes nos provoca un gran alivio momentáneo (porque significa que no somos responsables de nuestras desdichas: el responsable es otro) y que de paso ilumina una faceta algo oscurecida del fenómeno: se trata de la forma que ha adoptado entre nosotros el populismo provocado en toda Europa por la crisis.

Es verdad que en Cataluña se ha instalado a ratos lo que Francesc de Carreras ha llamado, citando a Elisabeth Noelle-Neumann, “la espiral del silencio”, que viene a ser lo que yo, citando a Pierre Vilar, llamé “unanimismo” –una ilusión de unanimidad creada por el temor a expresar la disidencia–, lo cual ha provocado a su vez una lógica aprensión entre políticos, periodistas e intelectuales, que o se han callado o, como aquel personaje de Chaplin, se han sumado a la manifestación que avanzaba hacia ellos, colocándose además a su cabeza.Todo esto es verdad, pero hay más; por ejemplo: la incapacidad para crear en Cataluña un discurso alternativo al del nacionalismo.

¿Cuáles son los discursos alternativos al nacionalismo catalán existentes ahora mismo? Dos. El primero es el del nacionalismo español, sobre todo representado por el PP. Este discurso es inútil contra el nacionalismo catalán: por un lado, porque, mientras en estos años el nacionalismo catalán rejuvenecía, el español se fosilizaba, apoltronado en su aparente triunfo; por otro, y sobre todo, porque el nacionalismo español no puede combatir al catalán, sino sólo intentar destruirlo (que es lo que ha intentado sin éxito desde hace más de un siglo): un nacionalismo no se combate con otro nacionalismo, sino con la razón, y lo primero que hay que hacer para combatir al nacionalismo catalán es entender que este no es un combate contra él, sino contra el nacionalismo a secas, empezando por el español, históricamente mucho más dañino que el catalán.

El segundo discurso disponible contra el nacionalismo catalán es el de UPyD y Ciutadans; se trata de un discurso menos vetusto, pero no menos ineficaz, entre otras cosas porque, como ha señalado Jorge Urdánoz, propone una traslación casi automática del discurso antinacionalista que sí fue eficaz contra ETA en el País Vasco. Todos los nacionalismos se parecen en el fondo, pero todos se diferencian en la superficie; no entender esa diferencia es no entenderlos (y por tanto no poder combatirlos): el nacionalismo de ETA es violento y el catalán no; el nacionalismo de ETA es etnicista y el catalán no. Podríamos seguir, por ejemplo con la cuestión de la lengua, tan distinta en Cataluña y el País Vasco y, para mí, tan mal planteada por el PP como por Ciutadans; pero se me acaba el artículo, así que mejor la dejo para el siguiente.

“Señor Roque”, le dice don Quijote al catalán Roque Guinart, “el principio de la salud está en conocer la enfermedad y en querer tomar el enfermo las medicinas que el médico le ordena”. Una de las causas del auge del independentismo catalán es que el médico se ha equivocado de diagnóstico y le ha recetado al paciente una medicina que, en vez de curar la enfermedad, la agudiza. Quienes piensan que nuestros problemas se arreglan con la independencia de Cataluña no tienen a mi juicio razón, pero tienen muchas razones; en cambio, quienes pensamos lo contrario quizá tengamos razón, pero no tenemos razones. Y la razón sin razones no sirve de nada.

elpaissemanal@elpais.es

 

La razón sin razones (2)

El problema no es el nacionalismo catalán, sino el nacionalismo a secas, empezando por el español

JAVIER CERCAS 16 FEB 2014 El País

No hace mucho recordaba Álex Grijelmo el episodio en este periódico. Don Quijote y Sancho avanzan hacia Barcelona cuando son detenidos por unos bandoleros; estos hablan en catalán y, aunque con “cuatro pistoletes” amenazándole a uno es posible entender hasta el zulú, todo indica que a continuación se da, como dice Grijelmo, “una situación de bilingüismo tácito que invita a imaginar a cada uno comunicándose en su idioma”. No es raro. Catalán y castellano se parecen tanto –al fin y al cabo, ambos no son más que latín mal hablado– que, aunque los protagonistas de Cervantes nunca hayan oído hablar catalán, entienden a los bandoleros: no sólo Don Quijote, que es un hidalgo leído, sino también Sancho, que es un destripaterrones. Dicho de otro modo: es posible pasarse un mes oyendo hablar en catalán sin llegar a entender una palabra, pero para eso hay que esforzarse mucho o ser más necio que el bueno de Sancho.

Dos semanas atrás intenté señalar en esta columna una de las causas que, a mi juicio, explican el auge del independentismo en Cataluña: la ausencia de un discurso capaz de combatir al renovado discurso del nacionalismo catalán. Frente a éste, añadía, sólo existen dos alternativas: la del viejo nacionalismo español representado por el PP, que no puede combatir al nacionalismo catalán porque no entiende que el problema no es el nacionalismo catalán, sino el nacionalismo a secas, empezando por el español; y el discurso de UPyD y Ciutadans, que tampoco puede combatir al nacionalismo catalán porque en lo esencial se fabricó en el País Vasco para combatir el nacionalismo vasco, que es parecido pero distinto al catalán.

En cuanto a la izquierda (UPyD y Ciutadans aún no sabemos lo que son, aunque mientras lo deciden tratan de vendernos la moto de que la derecha y la izquierda ya no existen), en este punto apenas ha tenido discurso propio, porque se durmió en los laureles de su supuesta superioridad intelectual y moral, convencida de que el dinosaurio del nacionalismo no reaparecería después de aplastar Europa dos veces y, cuando se despertó, el dinosaurio estaba otra vez allí, intacto.

El resultado es que el discurso político catalán está colonizado por el nacionalismo, que ha tejido una telaraña conceptual de la que la izquierda parece incapaz de librarse. Así se explica, por ejemplo, que en Cataluña no se pueda no ser nacionalista: o eres nacionalista catalán o eres nacionalista español y, si abominas por igual de ambos nacionalismos (y del nacionalismo a secas), es que eres un nacionalista español encubierto. Así se explica que se haya permitido que el nacionalismo coloque en el centro del debate el llamado derecho a decidir, una aberración lingüística (el verbo “decidir” no es intransitivo: hay que decidir “algo”), una imposibilidad jurídica (en democracia no se puede decidir lo que a uno le da la gana) y un eufemismo (por “derecho de autodeterminación”, derecho que ninguna democracia reconoce en su seno), convertido todo ello en el engaño ideal para crear la ilusión de que la gran mayoría de los catalanes quiere la independencia y de ese modo poder llevarnos de matute a ella. Así se explica, en fin, que Artur Mas proclame con gran solemnidad que en Cataluña el problema es si podemos votar o no y nadie le conteste que en Cataluña votamos desde hace casi 40 años y que por eso él es nuestro presidente; a lo cual Mas contestaría verosímilmente que lo que él pregunta es si se puede votar o no la independencia, y nadie le contestaría, me temo, que sí se puede, siempre que se vote a ERC o CUP y no a su coalición, que no lleva la independencia en su programa.

Esta indigencia argumentativa es la cues­tión. Lo repito: no creo que tengan razón quienes piensan que la independencia de Cataluña arreglaría nuestros problemas, pero tienen muchas razones; a quienes no lo pensamos nos pasa lo contrario. Pero en el artículo anterior prometí que explicaría por qué las razones del habitual discurso antinacionalista en materia lingüística también me parecen equivocadas. Lo explicaré en el próximo; sólo adelanto ahora que, como muestra la anécdota del Quijotecon que empecé, hay que tener muchas ganas de crear un problema para crearlo entre dos lenguas tan semejantes como el catalán y el castellano.

elpaissemanal@elpais.es

Egipto - Ignacio Ruperez

EGIPTO: OTRO GENERAL EN OTRO LABERINTO

02 de diciembre de 2013

Ignacio Rupérez

La segunda transición. ¿Quién gana y quién pierde en el país?

MAHMOUD KHALED/AFP/Getty Images

La situación en Egipto es tan original como arriesgada: dispone de dos ex presidentes de la República encarcelados y procesados. Ambos cuentan con una marcadísima carga simbólica: la del Antiguo Régimen derribado por una revuelta popular, pero con decisiva participación militar y la del Régimen Democrático del primer mandatario elegido por sufragio universal, pero depuesto por la intervención de los militares. Ésta última mucho más abierta que la anterior y también precedida por la indignación popular. Sin haber concluido el proceso a Hosni Mubarak y, por supuesto, sin que se haya trastocado el antiguo Gobierno ha comenzado el juicio a Mohamed Morsi. Se inicia, así, una especie de segunda transición política en el país sin haber concluido la primera. Mejor dicho, se ha cerrado de manera un tanto desastrosa esa transición comenzada en febrero de 2011 con el derrocamiento del Faraón.

Así que el país sigue transitando, con un presidente y un jefe de Gobierno interinos, un teniente general, Abdul Fattah al Sisi, al mando y un programa político o mapa de carreteras que incluye  la reforma constitucional, elecciones parlamentarias y las presidenciales para 2014.

Nunca en su historia reciente Egipto se había encontrado tan polarizado en la política y en la sociedad, tampoco se había hecho tan rutinaria y usual la violencia, ni las trincheras de los partidarios de los Hermanos Musulmanes y Morsi y las defendidas por quienes respaldaron el golpe militar han sido tan profundas. Se trata, sin embargo, de un golpe que indudablemente ha recibido un destacado apoyo entre los egipcios, así como en terceros países del Golfo Pérsico y Occidente -Arabia Saudí y Estados Unidos por ejemplo-. Más de una vez han celebrado la actuación de los militares, aunque hayan condenado la brutalidad de la represión ulterior, hayan evitado recordar esa legitimidad democrática de la que todavía se jactan los Hermanos Musulmanes y hayan recomendado que no se les castigue demasiado, facilitando su retorno a la escena política. De esta manera aparece de nuevo el buen golpe militar, como el de Argelia en 1992, pero esta vez se asegurarán de que no se prolongue con una larga y sangrienta guerra civil. Toda una posibilidad trágica que debe eliminarse con férrea decisión.

Diversos actores, motivos variados

No hay homogeneidad en el bloque que respaldó el golpe, como tampoco la hay  entre los partidarios de Morsi. No se trata por tanto, o tan solo, de un enfrentamiento entre islamistas y no islamistas, los hay en ambos bandos y contra Morsi figuran islamistas que son serios enemigos políticos de los Hermanos Musulmanes y del Partido Libertad y Justicia, como los salafistas del Partido Al Nur. Además, entre los que se encuadraron en la protesta del Frente de Salvación Nacional y el movimiento juvenil Tamarrod, como antes en Kafiya, bullían los que previamente se movilizaron contra los militares que sucedieron a Mubarak en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Durante todo el año y hasta el golpe militar del 3 de julio estos movimientos consiguieron organizar una operación gigantesca y masiva de clamor exasperado contra el Gobierno Morsi, en una proteica alianza de musulmanes y cristianos, militantes de izquierda y hombres de negocios, élites y clases medias, liberales y restos de la administración del régimen de Mubarak, los servicios de seguridad y la judicatura.   

Pluralidad de apoyos y heterogeneidad en los participantes se reflejan en las intenciones y motivos que confluyeron contra Morsi. Tal variedad no dejará de manifestarse, incluso de manera contradictoria y conflictiva, a lo largo de esta segunda transición y a la vista del calendario previsto para la normalización política del país. No todos leen los documentos de la misma manera, ni tampoco los interpretan en el mismo sentido. Asimismo, no tiene igual naturaleza el apoyo prestado por Arabia Saudí a favor del golpe de Estado, recelosa de los Hermanos Musulmanes y de la eventual extensión de la influencia iraní en Oriente Medio, que el consentimiento de Estados Unidos en mantener buenas relaciones con los militares de Egipto. Hecho explicable por la elevadísima importancia de las buenas relaciones con Israel, el paso libre por el Canal de Suez, la seguridad en el Sinaí y la cooperación antiterrorista, siendo las fuerzas armadas de ese país el único elemento con el que Washington conserva una influencia sólida y constante.

Vencedores y vencidos

Desde el golpe hasta la reaparición de Morsi a principios de noviembre no han cesado las drásticas operaciones de los servicios de policía y seguridad contra dirigentes y militantes de los Hermanos Musulmanes, intensificándose también las realizadas en la Península del Sinaí y la Franja de Gaza. Quiere esto decir que al menos hasta ahora no ha habido por parte de las autoridades egipcias una actitud o una política de reconciliación e inclusión, como tampoco hubo una voluntad política de diálogo y acercamiento entre el Gobierno de Morsi y la oposición en los meses que precedieron al golpe, ni cuando se produjo éste. Sin éxito se barajó entonces la posibilidad de salvar la cara y la dignidad del entonces presidente Morsi, de ser depuesto en el cargo para después dimitir, de consensuar el nombramiento de un nuevo primer ministro y un gobierno de coalición, para proceder a la reforma de la Constitución y a la convocatoria electoral en un clima más distendido del que se ha venido enrareciendo. Por el contrario, a partir del golpe parece instalada en Egipto una dinámica de vencedores y vencidos dispuesta a aplastar a los Hermanos Musulmanes.

Esta dinámica va en paralelo a cierta sensación de que en Egipto y en nombre de la estabilidad se habría restablecido finalmente una especie de status quo de resonancias que no son agradables para todos, en especial para quienes se congregaban clamando por un cambio democrático en la Plaza de Tahrir en los primeros meses de 2011. Se superpone asimismo tal dinámica a un panorama nacional en el que se registra una erosión muy visible y peligrosa en la credibilidad y la legitimidad de las principales instituciones públicas, en especial las relacionadas con la justicia y la seguridad. En todas parece que se ha tomado partido por uno y se estarían ajustando cuentas con el otro. Ya en la primera transición egipcia la intensidad de la protesta contra Mubarak sirvió para silenciar que el desenlace de su derrocamiento se produjo con la actuación de los militares; algo parecido habría ocurrido en lo que se refiere al episodio Morsi. Esta vez convendría no olvidar que, pese a la poca calidad de su actuación gubernamental, fue elegido en las urnas y derrotado en las calles. Si bien es verdad que su mal gobierno registró un rechazo generalizado y transversal, a los Hermanos Musulmanes, se les llame de una u otra manera, en modo alguno ni por mucho tiempo se les puede evitar en la política y en la sociedad de ese país.

GUILLEM MARTINEZ El Colapso

El colapso

El Régimen sufre un colapso que le hace incapaz de saber lo que pasa y de modular un discurso sobre lo que pasa

GUILLEM MARTÍNEZ 15 FEB 2014 El País

El pasado mes de septiembre, en Buenos Aires, la candidatura olímpica de Madrid se fue al garete, algo común en ese tipo de negocios. Lo que confirió dimensión propia/Marca España al asunto, fueron dos hechos no deseados, supongo, por los promotores de la candidatura desplazados al evento. A saber: a) tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Casa Real ignoraban absolutamente que iban a ser eliminados, algo que sabía la prensa internacional especializada, que ya había comunicado ese dato y su razón: la tolerancia local ante las sustancia dopantes. Y, b), tras la derrota, tanto el Ayuntamiento como la Casa Real, seriamente copados, no fueron capaces de elaborar ningún discurso público.

Tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Casa Real ignoraban absolutamente que iban a ser eliminados, algo que sabía la prensa internacional especializada

Los puntos a) y b) son dramáticos. El punto a) indica que nadie, en las dos instituciones aludidas, tenía acceso a más información que, socorro, la creada por ellos mismos. El punto b) señala que ninguna de las dos instituciones implicadas poseía un discurso capaz de integrar, glups, cualquier otro tipo de información. Las dos instituciones, vamos, patentaban un colapso de inteligencia y de discurso.

El colapso escenificado en Buenos Aires es, posiblemente, una metáfora de lo que está pasando. Está pasando la Kakania de Musil. Está pasando —incapacidad para saber lo que pasa y para poder modular, a través de la comunicación, un discurso sobre lo que pasa—, lo que, recuerden, marcó el destino de la Estrella de la Muerte. Y eso, que siempre es un espectáculo, lo es más aun en un Estado cuyos últimos 35 años han consistido en la vertebración de la cultura más vertical del continente, con fenómenos culturales inexportables, que facilitaron que los gobiernos, verticalmente y con éxito, modularan la información sobre días concretos —exemplum: el 23F o el 11M—, en lo que es un indicio de que modularon, con cierto relajo, la cosmovisión en los días cotidianos.

Esta capacidad propagandística, que suplía la inteligencia, pero que facilitaba un discurso inapelable, desapareció en 2011. El hecho de que el Régimen —es decir, no sólo el poder, sino el grueso de los partidos, las instituciones y un periodismo que ya no puede frenar su dinámica antigua—, no pueda hoy emitir declaraciones o leyes sin que sean sometidas a sospecha, somete a sospecha al propio Régimen. Y eso tiene consecuencias. Dice Chomsky que "un buen sistema propagandístico no anuncia sus principios ni sus intenciones", de lo que se desprende que un sistema propagandístico colapsado comunica con facilidad su intimidad.

Así, el Régimen ha acabado dibujado, con su propia mano, un sistema de recompensas, de venta de políticas y de extracción de recursos económicos que, desde 2008, ha creado las leyes necesarias para que la banca, el alto empresariado y los políticos que no rechacen integrarse en su casta profesional, queden a salvo de una crisis descomunal, rescatada por la sociedad, que ha supuesto el fin del Bienestar —la forma de Democracia en Europa—, y una reforma constitucional encubierta.

Por lo demás, y más allá de una defensa torpe de sí mismo que, en ausencia de una propaganda efectiva, ya no puede formular sin escandalizar al oyente, el Régimen está colapsado. En ese sentido, les invito a observar la política local, no cómo política, sino como colapso. Como incapacidad de ver lo que que pasa y de exhibir algún tipo de discurso.

El proceso catalán de CiU y ERC es colapso, es una actividad teatral de otro gobierno cuya única actividad real es el pago de deuda

El PSOE está colapsado. Apenas emite. Las nuevas derechas —C's, UPyD, Vox—, están colapsadas, en tanto su discurso, centrado también en una Constitución colapsada, que ya no existe, no es real. Rajoy, en una pantalla de plasma, es el colpaso. Sus silencios ante el proceso catalán no se diferencian en nada de su silencio absoluto, dilatado, colapsado, ante la realidad.

El proceso catalán de CiU y ERC es colapso, es una actividad teatral de otro gobierno cuya única actividad real es el pago de deuda. En tanto que verbalización, ese proceso es contradicción. La última: el Govern acaba de emitir un documento —tal vez, el primero interesante— en el que establece que la Generalitat no emana de la Constitución. Sin embargo, el próximo mes se inicia el juicio por lo del bloqueo al Parlament. Se podría haber realizado en Barcelona, pero el Parlament ha optado hacerlo en la Audiencia, Madrid, para endurecer las penas, si bien esa opción significa reconocer que las instituciones catalanas son parte constituyente del Estado.

La Monarquía está colapsada, y su defensa en el caso Nóos sólo aumenta la contradicción con su propaganda. La Ley del Aborto, tal vez un intento de colapsar a la sociedad, de encresparla, no ha producido una división social, sino entre un PP colapsado, que ya sólo puede salvar del colapso a su grupo parlamentario.

El Régimen está colapsado. Su reformulación parece que no vendrá en esta ocasión del mismo Régimen, sino de una sociedad que, desde 2011, tiene más información, formación y mayor capacidad lingüística que sus gobiernos. Y que aún no posee mecanismos de acceso al poder. No los hay. Los partidos actuales, colapsados, son el Régimen. La cosa va, por tanto, para largo. Y más si se piensa que el Estado, por aquí abajo, puede vivir colapsado por siglos.

UCRANIA -CATHERINE SAMARY

UCRANIA

Una putrefacción explosiva

CATHERINE SAMARY

Martes 4 de febrero de 2014

Fracasadas de las negociaciones con la oposición, el presidente ucraniano está políticamente paralizado. El ejército le ha pedido que proclame el estado de excepción mientras prosigue la “batalla de Ucrania” entre Rusia y los gobiernos occidentales.

Tras la dimisión del primer ministro ucraniano, el martes 28 de enero, el presidente Yanukóvich, presionado por una parte de los oligarcas cuyos negocios son poco compatibles con un estado de guerra, ha buscado el compromiso con la oposición: anulación de las leyes represivas votadas deprisa y corriendo el 16 de enero, amnistía para los manifestantes encarcelados –condicionada a que se evacúen en el plazo de dos semanas los edificios públicos de Kiev y de las regiones que están ocupados–, responsabilidades gubernamentales ofrecidas a la oposición. El resultado es nulo. Arseni Yatseniuk y Vitali Klichko, que exigen una amnistía incondicional, han rechazado, no sin pensárselo dos veces, los puestos de jefe del gobierno y viceprimer ministro que les habían ofrecido: el temor al descrédito y a verse desbordados explica en buena medida esta decisión.

En Kiev, al igual que en las regiones del oeste y el centro, la ocupación de edificios públicos es obra principalmente del tercer partido de oposición parlamentaria, Svoboda (Libertad), y otros grupos de extrema derecha, que cuentan con apoyo popular en el actual contexto de rechazo masivo de la violencia policial y de un presidente cada vez más denostado. Sin embargo, no existe ningún proceso de autoorganización de la población y ni siquiera un ascenso multitudinario de las movilizaciones, a pesar de cierta extensión territorial. Esto confiere una importancia sobredimensionada a estos grupos bien estructurados, relacionados con Svoboda (que celebra a los siniestros batallones de las SS en la región de Galicia) o que rivalizan con ella. Junto con los otros dos “partidos proeuropeos” (es decir, antirrusos), Svoboda viene legitimada por la prensa y los dirigentes occidentales, que juegan a aprendiz de brujo.

Svoboda y los grupos afines o rivales obedecen a una lógica de toma del poder larvada directa: allí donde dominan (Galicia...) han prohibido el Partido comunista ucraniano, que ha lanzado un llamamiento a favor de un referendo y de cambios constitucionales/1. Propagan consignas e ideas neonazis, antisemitas y homófobas, que penetran en una parte de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas especiales del régimen.

Ayuda contra ayuda… envenenada

En este contexto, los dirigentes de la oposición “proeuropea” de Ucrania que han participado en los encuentros de Múnich del fin de semana dicen haber recibido “promesas de ayuda”. Catherine Ashton acaba de anunciar, en efecto, en una entrevista publicada el 3 de febrero por el Wall Street Journal, que la UE prepara junto con EE UU “un importante programa de ayuda financiera para Ucrania”. Sin embargo, antes de la cumbre de Vilnius del pasado mes de noviembre, el presidente ucraniano había solicitado en vano a EE UU y a la UE 20.000 millones de euros para hacer frente a su deuda y para compensar el aumento de la tarifa de energía y el bloqueo de los créditos que impondría Rusia en respuesta a la firma de un acuerdo de asociación de Ucrania con la UE. La única “ayuda” prevista por la UE para atenuar las exigencias del FMI implicaba la adaptación de Ucrania a los criterios de la “zona de libre comercio profundizado y completo” que constituye la parte sustancial de los acuerdos de asociación/2. ¿Qué ha cambiado en el “plan ucraniano” occidental? ¿De qué “ayuda” se trata?

¿Acaso es contradictoria con la “ayuda” obtenida por el presidente Yanukóvich de Putin en diciembre (sin que Ucrania sea de momento miembro de la Unión Aduanera con Rusia)? Además de rebajar el precio de la energía, Rusia ha adelantado una primera transferencia, en diciembre, de 3.000 millones de euros de los 15.000 millones previstos. A la vista de las negociaciones de Múnich, las autoridades rusas han anunciado que la entrega de los 11.000 millones siguientes dependerá del gobierno que se instaure en Kiev; en un comunicado del 3 de febrero, incitan a la oposición a retomar las negociaciones con el poder respetando el marco constitucional. La “batalla de Ucrania” sigue su curso, a riesgo de que el país se rompa en dos.

3/2/2014

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article30991

Traducción: VIENTO SUR

COMUNIDADES NO MUSULMANAS EN SIRIA

Alejandra Álvarez Suárez
Comunidades no musulmanas en Siria
(Página Abierta, 229, noviembre/diciembre de 2013).

Reproducimos en estas páginas la introducción y algunos fragmentos del inicio del capítulo I del libro Comunidades no musulmanas en un entorno musulmán. La pervivencia del modelo otomano en la actual Siria, Madrid: CantArabia Editorial,  2013, 302 páginas [*]. La forma en la que las comunidades no musulmanas se integran en los modernos Estados árabes sigue siendo en la actualidad un tema de estudio poco explorado; a ello hay que añadir que el acercamiento teórico a esta cuestión se ha visto influenciado por los dos posicionamientos políticos que, acerca de este problema, prevalecen en la zona. Por un lado está la perspectiva islamista, que defiende el retorno a la ’umma, en la que los no musulmanes verán salvaguardados sus derechos gracias al pacto de la dimma, con las mismas garantías de libertad y justicia que el profeta del islam prometió a las gentes del Libro. Frente a este planteamiento está la alternativa que aborda la cuestión desde una visión nacionalista basada en la unidad lingüística e histórica de los árabes, en la cual las diferencias religiosas deben ser dejadas de lado en aras de un proyecto político común. En los países árabes surgidos del antiguo Imperio Otomano, estos dos planteamientos, aunque sean radicalmente tan diferentes, sí coinciden sin embargo en denostar ese pasado. Los islamistas ven el dominio de los sultanes como una época en la que la abdicación ante principios de inspiración no islámica acabó llevando hacia la decadencia al mundo árabe musulmán. Por su parte, los nacionalistas árabes consideran el dominio otomano como una lacra histórica que es preferible olvidar pues, durante ese período, se ejerció sobre los territorios árabes un imperialismo opresor que prefiguraría la política de Occidente y que impidió el progreso de la sociedad árabe hacia la modernidad científica, política y social. En un país como Siria, las referencias positivas al pasado otomano parecen reducirse únicamente a ciertos logros artísticos y arquitectónicos de ese período, mientras que los avances se atribuyen indefectiblemente, o bien a la época del Mandato, o al mérito del nuevo Estado árabe, laico y nacionalista. Por lo demás, la visión occidental tampoco ha ayudado a modificar esta apreciación: en este sentido, no es infrecuente encontrar trabajos en los que se simplifica el panorama social de estos países; para muchos pensadores de nuestro entorno, la contraposición entre el Occidente moderno y el Oriente ancestral se atribuye frecuentemente a la etapa otomana. Teniendo en cuenta este contexto, y centrándose en la República Árabe de Siria –un Estado surgido del antiguo Imperio Otomano–, el objetivo de la presente investigación es demostrar que la actual organización de las comunidades no musulmanas de este país depende del modelo otomano. Dicho modelo, basado en el tardío sistema del millet, sobrevivió incluso a la desaparición del mismo imperio, fue adaptado a las nuevas circunstancias durante el Mandato francés y pervive en el actual Estado baazista sirio. Evidentemente, la institución otomana no ha pervivido inalterada en el tiempo; cualquier intento de igualar la situación actual con la pasada acabaría en un fracaso. Sin embargo, la continuidad del sistema otomano se hace evidente en la existencia de paralelismos que no pueden atribuirse a meras coincidencias organizativas: concretamente me refiero a que tanto el modelo actual como el de la época del Mandato francés dan soluciones similares a las ideadas por los otomanos para afrontar el reto que supone coordinar una sociedad pluralista desde el punto de vista religioso, organizando tal sociedad según criterios predominantemente confesionales, reconociendo una personalidad jurídica a determinadas taifas (1) religiosas, concediendo un estatuto personal a los miembros de las mismas y una autoridad especial a sus representantes, según la tendencia típicamente musulmana de afrontar el derecho del individuo solamente en cuanto miembro de una comunidad. La elección de Siria como objeto de este estudio se debe a dos motivos: en primer lugar, este país es probablemente uno de los más heterogéneos religiosa y socialmente hablando dentro del contexto árabe levantino. La diversidad que la caracteriza es una de sus notas distintivas desde tiempos premodernos y contrasta con el panorama cada vez más homogéneo que actualmente puede encontrarse en otros Estados árabes musulmanes. A la presencia e influencia social de los grupos cristianos –repartidos en doce taifas diferentes– y a la pervivencia simbólica de un determinado número de judíos, debe añadirse la diversidad étnica: la mayoría de la población del país es árabe, aunque también hay una significativa minoría kurda, armenia y arameo-siríaca. Otras poblaciones que se instalaron allí durante el período de dominio otomano son los circasianos, albaneses, bosnios, búlgaros, turcos, chechenos y gitanos. La principal lengua de comunicación es el árabe, aunque también se hablan, entre otras, el kurdo, el armenio, el arameo siríaco y el turcomano. En todo este contexto, el modo de organización de esta sociedad pluralista ha pervivido a los diferentes modelos políticos que se han ido sucediendo en la zona. En otras palabras, son los modelos políticos los que se han adaptado a esta sociedad, y no al revés. El segundo motivo por el que se ha elegido Siria es el deseo de comprender la organización social de un país en el que he estado viviendo ininterrumpidamente durante unos años; de hecho, la problemática que abordaré se ha acercado a mí y no al contrario durante mi trabajo como profesora en la Universidad de Alepo. El objeto de esta investigación, es decir, establecer hasta qué punto existe una dependencia del modelo otomano en la actual organización de las comunidades no musulmanas de Siria, puede considerarse novedoso dentro del panorama de los estudios relacionados con el mundo árabe contemporáneo; otros autores se han acercado a la problemática de las comunidades no musulmanas en el mundo árabe levantino, es decir, el perteneciente al ámbito del Mediterráneo oriental, aunque desde perspectivas diferentes. En este sentido, no existe en la producción bibliográfica una obra que abarque, desde la perspectiva propuesta, todo la que se va a desarrollar en la presente investigación. En referencia a los trabajos doctorales precedentes, conviene destacar, por orden cronológico, la tesis defendida el año 2000 por Ignacio Gutiérrez de Terán, Las relaciones interconfesionales en Líbano y Siria desde las Tanzimat hasta nuestros días (Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Estudios Árabes y Orientales). Partiendo de un esquema muy ambicioso, Gutiérrez de Terán abarca un amplio y heterogéneo territorio como objeto de estudio (Siria y Líbano). El objetivo principal de su investigación es sopesar la influencia del factor confesional en la conformación de las sociedades árabes levantinas, intentando presentar una panorámica general de la cuestión en estos territorios. Su método de investigación es eminentemente histórico. Las principales diferencias con la presente obra son que Terán, conscientemente, evita profundizar en el problema entre Estado y religión en el Oriente Próximo, centrándose en la relación entre comunidades y limitándose a mencionar los orígenes del confesionalismo (el sistema del millet otomano) en las páginas iniciales (Gutiérrez, 2003). Además está la tesis doctoral de David Grafton, Muslim opinions of the political rights of christians. A case study of the lebanese ulema (Center for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations, Universidad de Birmingham, 2001). Como se indica en el título, el estudio se centra en el caso libanés. Además de esto, existen diferencias sustanciales con respecto al presente trabajo: la primera parte de la obra de Grafton está dedicada a analizar los derechos políticos de los cristianos tal y como aparecen reflejados en la jurisprudencia islámica medieval. Por otro lado, Grafton dedica la parte central de su tesis a presentar la historia del moderno Líbano. Por último, estudia la opinión que los ulemas libaneses de la época de la guerra civil tienen acerca de la participación de los no musulmanes en la actividad política del Estado (Grafton, 2003). En 2003, el damasceno Fawzi Mardam Bek defendió la tesis Die christliche Minderheit in Syrien (Philosophischen Fakultat der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn). Su trabajo está concebido como una enciclopédica descripción de los cristianos sirios, en la que pueden distinguirse varias partes: la historia de los cristianos en Siria y su situación jurídica general bajo dominio islámico, los distintos ritos existentes en Siria y los cristianos sirios en la época moderna, sus aportaciones al renacimiento cultural árabe, su relación con las potencias occidentales y los acontecimientos históricos relacionados con el final del Gobierno otomano y el comienzo del Mandato francés. Por último, debe mencionarse la tesis de Benjamin Thomas White, The nation-state form and the emergence of ‘minorities’ in French mandate Syria, 1919-1939 (Oxford University, History Faculty, 2009), que aborda el concepto de minoría en el contexto de la época objeto de su estudio, y cómo éste fue utilizado por los franceses para organizar su política confesional en Siria. En la segunda parte de su investigación se tratan diferentes temas relacionados con la época del Mandato; de entre ellos, resulta especialmente interesante para el presente propósito el capítulo 6, en el que se describen los esfuerzos de los franceses por reformar el estatuto personal a fin de reestructurar el Estado según parámetros religiosos. En todo caso, la tesis de White no alcanza la época contemporánea ni tampoco se ocupa de los precedentes otomanos. Para alcanzar los objetivos propuestos, este estudio se ha realizado utilizando métodos de investigación que pertenecen a diferentes disciplinas: el trabajo que se expondrá encaja en el área propia de la ciencia política, pues esencialmente se analiza de qué manera, dentro de un sistema estatal como el sirio, se gestiona la presencia de ciudadanos de confesión no musulmana a través de un estatuto personal jurídico, pero ha sido necesario emprenderlo utilizando un método multidisciplinar que permitiera proporcionar una visión lo más completa posible del tema investigado. Así, el lector observará que la información se aborda desde diferentes perspectivas: la filológica (con el análisis y el estudio de textos originales), la histórica (con la contextualización de la información en su marco histórico correspondiente), la sociológica y antropológica (incluyendo informaciones conseguidas gracias al trabajo de campo) y la jurídica (con la presentación y análisis de los textos legales relacionados con el objeto de estudio). El desarrollo de la investigación se ha estructurado en siete capítulos: El primero de ellos ofrece una visión completa del panorama religioso de los no musulmanes en Siria. El capítulo 2 aborda la cuestión de la legislación islámica respecto a los no musulmanes, analizando la cuestión del sistema del millet como modelo organizativo frente a la institución de la taifa. Por su parte, el capítulo 3 expone los motivos por los que los modelos organizativos tradicionales entraron en crisis durante la época otomana, dando lugar a las reformas de las que surgiría una nueva estructuración confesional. Las consecuencias de esta crisis, materializadas en un nacionalismo que precedería y acompañaría al final del imperio, se exponen en el capítulo 4. El quinto está dedicado al Mandato francés y a la conservación y apuntalamiento del sistema confesional por parte de los nuevos gobernantes. El capítulo 6 se centra en la organización confesional en la República Árabe de Siria, entendida ésta como una herencia de las épocas anteriores. Por último, el capítulo 7 presenta la ciudad de Alepo como un ejemplo paradigmático de la organización confesional dentro de Siria. El mosaico religioso de los no musulmanes Los no musulmanes de Siria constituyen un mosaico heterogéneo y diverso de religiones y tradiciones que, en un contexto mayoritariamente musulmán, fácilmente puede pasar desapercibido ante el espectador occidental. El motivo es que esta diversidad tiende a confundirse en medio de un entorno lingüístico y cultural común a todos los miembros de esa sociedad los cuales, salvo excepciones, hablan la misma lengua, comparten tradiciones folclóricas comunes y tienen similares gustos gastronómicos o artísticos. La rica diversidad religiosa de Siria ha llegado a desconcertar incluso a los distintos poderes que se han sucedido en ese territorio (Masters, 2001: 65), sin que ninguno de ellos haya podido evitar tener que hacer frente a la gestión de ese universo pluriforme. Cuando se habla de no musulmanes en el mundo árabe levantino se suele dirigir automáticamente la vista a Líbano, un paradigma de sociedad organizada en torno a un sistema basado en el taifismo (ár. ta’ifiyya), en el que los diferentes grupos religiosos resultan muy visibles ya que disfrutan de una cuota de poder proporcional (EI2, X: 117). Sin embargo, la presencia de estos mencionados grupos religiosos es tan importante en Siria como en el país de los cedros, aunque en Líbano forme un tanto por ciento mayor en un territorio mucho más pequeño y con menos población. […] Las comunidades no musulmanas sirias con estatuto propio aparecen enumeradas ya en la legislación procedente de la época del Mandato, la cual será heredada y desarrollada por el nuevo Estado sirio tras la independencia del país (EP: 18). Estas comunidades forman un grupo de trece taifas autónomas de las cuales doce son cristianas y una judía. Cabe observar que, en la legislación de los estatutos personales en Siria, las taifas católicas, independientemente de su tradición cultural, tienen un único estatuto personal para todas ellas (EPCat), mientras que los demás grupos conservan cada uno el suyo. Sin embargo, en este trabajo se ha optado por seguir otro criterio de exposición ya que el criterio meramente jurídico no permite conocer adecuadamente la idiosincrasia de cada una de las confesiones ni tampoco apreciar el peso histórico y político que cada una de estas taifas ha tenido en el desarrollo de la zona. Establecida esta aclaración, resulta útil adoptar algún otro tipo de criterio clasificatorio que facilite la tarea de entender el mosaico del cristianismo en Siria. De todos los que pueden utilizarse, el teológico es uno de ellos; sin embargo, además de complicar este panorama no aporta una visión de conjunto y necesita de otros parámetros para poder completarse (litúrgico o lingüístico). Una organización más útil y sencilla es la que se apoya en el punto de vista de pertenencia a una tradición cultural. Según esta clasificación (Heyberger, 1994: 14) se puede hablar de 1) cristianos de tradición bizantina: rum ortodoxos y católicos, 2) cristianos de tradición siríaca: maronitas, siríacos occidentales (jacobitas y uniatas) y siríacos orientales (asirios nestorianos y caldeos católicos), 3) cristianos de tradición armenia: armenios ortodoxos, católicos y protestantes, y 4) cristianos de tradición occidental: católicos latinos y protestantes. […]

(*) La reproducción de este texto debe contar con la autorización de la autora, Alejandra Álvarez Suárez y de CantArabia Editorial. www.cantarabia.org. E-mail: info@cantarabia.org.

(1) El término castellano taifa, en su segunda acepción (“bando, facción”) expresa con exactitud el significado de su étimo árabe en el contexto que aquí interesa (DRAE: II, 1933) y por eso se utiliza en este trabajo.